Una Pantera Rosa, en las calles de Lima

Hace  algunos meses atrás, nuestra alcaldesa de Lima, Susana Villarán,  trataba de hacer tributo a sus promesas, con una propuesta que irritó a muchos, sobre una zona rosa en las calles de nuestra capital. Las respuestas no se hicieron esperar cuando Castañeda Lossio, sentencio: “Que la ponga frente a su casa. Eso es solo un distractivo”. Evidentemente este tipo de comentario nos puede sonar pintoresco y sarcástico, sin embargo, trae consigo un acento económico, nos referimos a una clara externalidad, ese efecto no compensado que generaría legalizar la prostitución en un determinado distrito limeño, y es que ¿a quién le gustaría vivir frente a un prostíbulo? En efecto, se originaría una discrepancia entre el costo que tendría que asumir la sociedad por  la conducta de un tercero. Debemos recordar que las externalidades, como costos no contratados, pueden ser positivas o negativas y generan en ambos casos una distorsión estructural. Las externalidades serán positivas si los efectos a terceros generen beneficios y negativos cuando los efectos a terceros generen perjuicios. Si nuestra alcaldesa sigue la recomendación de Castañeda, estamos seguros que el valor de su casa, no tendrá el mismo precio que antes (sufrirá una distorsión), teniendo en cuenta que vivimos en un país conservador, serían pocos los que se animarían a comprarle el bien inmueble y más aún, si está al costado de un prostíbulo, y si lo harían, sería a un precio irrisorio, sin embargo, cabe preguntarnos ¿cómo el Estado y la sociedad está dispuesta a abordar la realidad de la prostitución, que permitan la formulación de políticas públicas a fin de garantizar la libertad y seguridad sanitaria de los ciudadanos?

En el presente ensayo que realizaremos, es menester advertir que los temas morales, religiosos, humanistas y por qué no cucufatos, tendremos que encerrarlos en un gran paréntesis, para realizar un enfoque imparcial, bajo la luz del Análisis Económico del Derecho (AED) a efectos de pronunciar una opinión que devele, si efectivamente una zona rosa sería rentable o no, en nuestras calles limeñas.

Como bien señala nuestro catedrático, César Guzmán, “La prostitución de clase A, no le hace mal a nadie” por ello, nuestro enfoque se basará únicamente en la prostitución callejera, concordante con la propuesta de nuestra alcaldesa, que promueve una zona rosa para regular el comercio sexual. Plantearemos posibles soluciones para erradicar la prostitución callejera y si en rigor la propuesta de nuestra alcaldesa es viable y de no ser así, cuáles serían los mecanismos para  una solución eficiente. Nuestro análisis, consiste en crear incentivos (mas no sanciones)  para que ese 80% de trabajadoras sexuales que se encuentra en la clandestinidad dejen de ejercer su oficio, sin perjuicio de ello apostaremos por la legalización de la prostitución a efectos de tener un mayor control sanitario, de la mano con políticas públicas, y sanciones eficientes para los intermediarios (proxenetas) que no se quieran formalizar. Estableceremos un mercado de comercio sexual, a un bajo costo para la clase A, B y C a fin de crear un mercado competente, donde se disuada los monopolios y se sitúen mayores consumidores y proveedores del servicio “placentero” que tiene mayor demanda y satisface necesidades, de modo tal que al crear competencia la formación del precio sería estable, haciendo más accesible el consumo a un menor costo y evitando el riesgo de contagio a los sectores de clase B y C, que son los parroquianos (fieles) que originan mayor consumo en el mercado callejero, sólo entonces, se establecerá una Zona Rosa con apoyo de inversiones privadas, ¿cómo hacemos todo esto que suena a milagro?; respuesta, Internalizando las externalidades.

Como señalamos en los párrafos precedentes, la primera externalidad es la ubicación de la mentada zona rosa, ¿qué distrito estaría dispuesto a asumir tal externalidad? El alcalde de Comas, Nicolás Kusunoki, manifestó que no habría ningún problema en que la pantera rosa, esté en su distrito, sin embargo cabe preguntar a los fieles, ¿alguien iría al populoso Comas? La respuesta sería negativa porque los costos de ir hasta el distrito mencionado son más altos en tema de seguridad para el cliente, ya no solo está de por medio la salud del consumidor sino su propia vida y patrimonio, y es que uno no sabe si regresará vivo a casa, siendo un distrito en el cual no es fácil fiarse, menos de noche. Por tanto planteamos una “zona neutral” a una media hora de Lima, donde no incomode a nadie, desviándose de la carretera central, mostrando el camino añorado hacia el paraíso para los parroquianos. Evidentemente esto ya es una forma de internalizar la externalidad, para aquel consumidor que podía encontrar una prostituta a la vuelta de la esquina, ahora tendrá que gastar tiempo y pasaje (se eleva el costo para adquirir el bien) viéndose obligado a ir hasta dicha zona neutral establecida, debido a que el bien es escaso en las calles y que para satisfacer sus necesidades  no tendrá otra opción que pagar más por el bien, ¿esto sería una fractura para que no funcione una zona rosa en Lima? La respuesta es no, recordemos la célebre frase de Rimbaud: “Al hombre lo mueve el sexo y el hambre”, en efecto, si las prostitutas ya no se encuentran en las calles y ya no vienen hacia el parroquiano, entonces, el parroquiano irá hacia ellas. Conclusión, la externalidad la asume el propio consumidor, sin perjuicio de ello, aquí es donde también proponemos el apoyo de inversiones privadas, decir que las personas irán fuera de Lima, a satisfacer sus apetitos sexuales no sería muy rentable, el mercado sería reducido, sin embargo, si se complementa con otros servicios como por ejemplo un Museo Sexual como funciona en Holanda, Bulevares, casinos, hoteles, (inversión privada) habría un incentivo mayor para que el público asista, se divierta y regrese a casa. El Estado recuperaría su inversión por medio de impuestos y tales impuestos los seguiría invirtiendo en políticas públicas para retirar del mercado a las meretrices que quieren otro empleo. También se podría poner un peaje a efectos de seguir recaudando más dinero para las arcas del Estado, y a la vez es una manera de internalizar costos al consumidor de una manera sutil.

George Akerlof, premio Nobel de Economía, hace un modelo donde describe la calidad heterogénea y la información asimétrica entre los mercados que se dedican al comercio sexual. Por tanto, si la calidad de un producto no es evidente, el vendedor tratará de engañar al cliente potencial, haciendo pasar su producto como virginal y puro, puesto a que el comprador o cliente no tiene la información suficiente para comprobar las características que se le ofrecen, ya que es claro, que la simulación interviene en hacer creer lo que no es. En ese contexto, es obvio que dentro de la prostitución callejera, no hay un control sanitario ni mucho menos una mínima garantía para el consumidor, ya que ninguna prostituta se atrevería a decir: “Cobro 50 soles y de oferta contraes  Sida y el Papiloma, el paquete es gratis cariño”; entonces, ¿cómo controlamos el índice de VIH y otras enfermedades venéreas que hoy en día son el 60 % de contagio en nuestro país? ¿Cuánto le cuesta al Estado asumir el costo por enfermedades, teniendo en cuenta que la salud es un derecho de toda persona? ¿Cuáles son las políticas de prevención y disuasión para evitar más contagios y reducir los gatos en el sector salud? La respuesta es alarmante, la Universidad Cayetano Heredia, estima que 55 mil mujeres ‘alquilan’ su cuerpo y cerca de 10 mil trabajarían en la capital, ejerciendo una prostitución clandestina de alto riesgo y sin ningún control. Nuestro ordenamiento jurídico  no sanciona la prostitución sino las actividades conexas a ella, efectuadas por intermediarios que sirven de mediadores o encubridores, en buena cuenta se sanciona el comercio sexual clandestino. La propuesta de nuestra alcaldesa es la misma que se empleó en Holanda, Austria, Grecia (diferentes realidades) en la cual se pretende regular el trabajo sexual legalizando la prostitución, este modelo tiene como propósito combatir el proxenetismo organizado y la prostitución forzada, por tanto, legalizar la prostitución ejercida de manera voluntaria y así se pueda convertir en una actividad laboral para tener mayores derechos, con el propósito de que las personas que ofrecen servicios sexuales sean reconocidas como sujetos de derecho. Este modelo sugiere que la legalización del comercio sexual  permitirá que éste sea aceptado socialmente y menos estigmatizante para las personas que lo ejercen, aunque en nuestro contexto, el precio de legalizar el comercio sexual es muy alto, y no nos referimos a el tema de cuánto tendrá que invertir el Estado, sino al costo moral, es decir la sociedad ha exorcizado la prostitución como una conducta pecaminosa y si por ellos fuera ( la religión) los mandarían directo al infierno sin derechos y sin beneficios penitenciarios. Pero la realidad es más espeluznante, al Estado le cuesta más asumir ¿cómo controlar el contagio de las enfermedades venéreas como el sida? ¿cómo controlar la prostitución infantil, de niñas desde los 14 y 15 años? ¿cómo controlar la actividad ilegal como la trata de mujeres? Son preguntas que la sociedad ni el Estado quieren ver, lo curioso es que el gobierno municipal pese a las distintas piedras que ha recibido, decidió afrontar el tema de una manera directa y clara.

¿ Será viable una zona rosa en Lima? Creemos que no resultaría, porque el costo es muy elevado, teniendo en cuenta que somos un país conservador y cucufato, hablar de estos temas es pegar un grito al cielo, el costo moral que se tendría que pagar para imponer una zona rosa en Lima es caro, y, bajo el teorema de Coase, la transacción son superiores a cero y llegar a un acuerdo sería cuantioso, conviene entonces una solución eficiente que es la legal, pero ésta solo se aboca en sancionar al proxeneta, dejando vacíos legales y sin ninguna solución sería  ya que las “prioridades” son otras, como por ejemplo terminar el metropolitano. Sin embargo al implementar un Zona Rosa que no solo se dedique al comercio sexual, sino a prestar otros servios que sean más atractivos y turísticos, ésta tendría más consumidores,  y el estado recuperaría la inversión a través de impuestos, porque la externalidad de estar al costado de un prostíbulo ahora será positivo, debido a que es un emporio comercial de diferentes servicios, por tanto los terrenos subirían de precio, ya que donde gira el dinero, las montañas se mueven.

Si creamos un mercado competente, en base a una economía de bienestar, siguiendo las líneas de eficiencia de Pareto, en la que se menciona: “Si algo produce provecho, comodidad, fruto o interés, sin perjudicar a otro, mejorando una la situación de un agente económico sin empeorar la de otro.” Esta funciona cuando no exista bienes públicos, y al legalizar y formalizar la prostitución callejera se generaría exclusión y rivalidad; las externalidades se internalizarían al propio consumidor, a las inversiones privadas, y el estado las recuperaría a través de sus impuestos por consumir o estar dentro de la zona rosa, y con estos recursos se crearían incentivos al intermediario y a la prostituta, uno para formalizarse y dos para dejar de ser prostituta (políticas públicas); De la misma manera ya no existiría problemas de información debido a que se tendría un control de  cuántas prostitutas se encuentra en la zona rosa, por lo que el Estado realizaría un control sanitario permanente y eficaz retirando del mercado a las meretrices contagiadas y evitando posteriormente el contagio de enfermedades venéreas a la sociedad.

Las posibles soluciones que dejaremos como reflexión, para combatir de la prostitución callejera. Primero: Subir el costo de oportunidad a los consumidores, descartando un posible beneficio por el cual tendrá que renunciar para tomar otra decisión (Ejemplo: ir hasta la zona neutral) De la misma manera sancionar a los consumidores y premiar (crear incentivo) para las meretrices a fin de que ya no ejerzan la prostitución en las calles (recordemos que la prostitución se ejercer en nuestro país por necesidad que se traduce en falta de oportunidades) y esto se desarrolla con políticas públicas, brindándole otro tipo de trabajo.

El segundo punto es que se tiene que combatir a los proxenetas que siendo meros intermediarios no se quieran formalizar. Los proxenetas configuran lo que se conoce como “free rider”, esto es, una persona que recibe un beneficio por utilizar un bien o un servicio pero evita pagar por él, de esta manera se reduciría la trata de mujeres.

Tercero, crear  un impuesto  conocido como “impuesto pigouviano” y es una forma de paliar las externalidades, toda vez que apuntan a que el costo marginal privado más el impuesto, sea igual al costo marginal social, sin embargo, en base a las reglas económicas se tiene que generar incentivos.

Hay un reconocimiento oficial de que la prostitución es una forma de explotación, que se considera un problema social y serio que se debe tratar no solo a nivel de un gobierno local (Municipalidad), sino de la mano con el gobierno central (Estado), seguir tratando de taparnos los ojos y cerrar nuestros oídos no es una opción frente a la prostitución callejera, sin embargo hay quienes sostienen que esto no es una prioridad,  cuando la realidad es que el maltrato infantil, el riego de contagio de enfermedades veneres, la trata de mujeres y la violencia que cometen las mafias y los proxenetas seguirán causando graves daños personales y sociales. Somos concientes de que formalizando la prostitución no acabaremos con ella, pero creemos firmemente que debemos combatir la prostitución y que no es cuestión de prohibir por prohibir, se tiene que tener políticas como la educación (medio preventivo) para la  ayuda hacia las personas dedicadas al oficio más antiguo del mundo y otorgarles otra opción para vivir.

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